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España te vigila!

El objetivo principal del proyecto es demostrar como se aprueban leyes que facilitan atentados contra la privacidad de los ciudadanos.

El mismo día que el Gobierno crea el mando único entre la Policía Nacional y la Guardia Civil, dejando como director al comandante de la más militar de ambas instituciones, el Consejo de Ministros envía al Poder Judicial y al Consejo de Estado la ley de retención de datos, que regula la detención de datos de las comunicaciones telefónicas y por Internet durante un año y la obligación de identificar a los propietarios de las tarjetas prepago de los teléfonos móviles.

Se acerca una nueva forma de vida para los ciudadanos sin que éstos apenas se den cuenta. De igual manera que en EE.UU, los medios televisivos de nuestro país siembran desde hace tiempo un ambiente de inseguridad y temor ante la amenaza terrorista, y el Gobierno aprovecha dicha situación para avanzar en el control que ejerce sobre los ciudadanos, implantando medidas que atentan contra su privacidad con la excusa de detectar posibles amenazas terroristas.

El fantasma de Echelon sobrevuela nuestras cabezas.

Se destina a su vez una partida de tres millones de euros para que el Cuerpo Nacional de Policía y la Guardia Civil dispongan de varias herramientas informáticas adecuadas para tratar esos datos en caso de que los soliciten. Es decir, las operadoras de telefonía, se encargarán de obtener los datos de las personas que utilizan tarjetas prepago (obviamente toda la gente que usa contrato ya se encuentra "fichada"), y estos datos podrán ser usados en tiempo real por las fuerzas del Estado.

En un plazo de varios días las personas que no se encuentren en las bases de datos, recibirán un sms informativo sobre la implantación de la nueva normativa, obligándolas a personarse e identificarse "voluntariamente" en algún punto de venta de material telefónico. Dirigir a las personas a tiendas, disminuye la percepción de normativa gubernamental.

Teóricamente, los datos de las comunicaciones que serán retenidos por las compañas se refieren sólo al tránsito (origen y destino de la llamada, duración, lugar desde la que se realiza) y en ningún caso al contenido de la misma. Palabras que salen de un servicio secreto cada vez más actualizado, y que no menciona en ningún caso su intención de imponer esa misma normativa sobre las comunicaciones a través de Internet.

El director general de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), José María Múgica, aseguró que el Gobierno "debe vigilar la utilización futura de esos datos". "Hasta ahora, la compra de una tarjeta era algo anónimo y el hecho de que ahora se recoja información significa que se van a manejar una serie de datos cuyo control nos parece importante".

Por su parte, la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) advirtió ayer de que vigilará que el control de las comunicaciones telefónicas se ajuste en el futuro a la legislación vigente "y respete los principios de proporcionabilidad, durabilidad y finalidad" de la protección de los datos personales.

Las operadoras recopilaban datos de sus clientes con fines industriales mediante el envío de formularios para registro, o incluso con ofertas de rellenado de datos a cambio de saldo gratuito. La gente regala sus datos personales a cualquier empresa, y el gobierno va a aprovecharse de ello para recuperar la mayor cantidad de datos posibles de la población.

Este tipo de medidas no contempla a los teléfonos móviles procedentes del extranjero, lo cual agranda la paranoia respecto a la clonización de las personas que nuestro Gobierno acaba de comenzar. Este tipo de medidas nos convierten en marionetas, en material productivo destinado al consumo, ahora bajo estricta vigilancia.

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